La Ley 27/ 2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local va en la dirección de vaciar competencialmente a las entidades locales.Edgar Bellver Franco, Joan O. Monzonís
El municipalismo como forma de gobierno ligada a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos hunde sus raíces en la España del siglo XIX. En un trabajo de 2014 del Observatorio Metropolitano titulado La apuesta municipalista, se repasan los antecedentes de esta idea de gestión municipal vinculada a la democracia directa, y a tradiciones políticas como el federalismo democrático de corte republicano o el anarquismo (con la aportación de intelectuales como Pi i Margall o Fernando Garrido). La apuesta municipalista (por retomar la expresión del Observatorio) que han encarnado las nuevas candidaturas de unidad popular entronca en gran medida con esta corriente subterránea.
Recientemente, el profesor Juan Torres López señalaba que una de las rémoras más grandes de la “izquierda radical” a la hora de lograr confianza y apoyo social es "su falta de experiencia en la gestión de los asuntos ordinarios de la gente normal y corriente". Esta afirmación, más allá de que se esté de acuerdo o no con ella, viene a llamar la atención sobre un hecho relevante: la necesidad de repensar las instituciones y la gestión cotidiana de los ayuntamientos desde los nuevos gobiernos locales.
Con este objetivo, la Universidad de Valencia acaba de publicar una interesante obra colectiva destinada a repensar el gobierno municipal para los nuevos tiempos, dotando a los nuevos actores institucionales de herramientas para el diseño e implementación de las políticas públicas. La obra se titula Democracia desde abajo. Nueva agenda para el gobierno local, y está dirigida por Joan Romero y Andrés Boix. El libro está concebido como una hoja de ruta para los ayuntamientos surgidos en el País Valenciano tras las elecciones del 24 de mayo (aunque propone reflexiones útiles para el conjunto de España), y aborda tanto cuestiones de carácter general como políticas sectoriales en materias como el territorio, servicios sociales, cultura o medio ambiente.
Como señala Romero, la agenda neoliberal para las ciudades y los municipiosse impone a partir de la segunda mitad de los años 90, desempeñando las administraciones locales un papel fundamental. Esta agenda, orientada hacia una apuesta decidida por la producción inmobiliaria como motor de la actividad económica, se vio favorecida por un contexto internacional de abundante liquidez, y por unas instituciones que actuaron como vectores de mercantilización del territorio.
Sin embargo, dicha agenda se ha venido abajo estrepitosamente con la crisis de 2008, transformando la política municipal. Los más de 8.000 ayuntamientos se enfrentan a una difícil situación, siendo las instituciones que más han sufrido la crisis económica. Según datos del Ministerio de Hacienda, en el periodo comprendido entre 2010 y 2012 las entidades locales redujeron en más de un 63% su inversión total. Asimismo, en el periodo 2009- 2012, redujeron su gasto en más de 13.000 millones de euros. Este hecho se traduce irremediablemente en más desempleo y más pobreza producto del austericidio que vivimos desde el inicio de la crisis financiera global.
Una de las consecuencias más conocidas de estas políticas de austeridad es la voluntad recentralizadora de los estados de la periferia europea, en el marco de las políticas impuestas por Berlín y Bruselas. En el caso de España, este proceso se ha concretado en la Ley 27/ 2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), que coloca el déficit cero como elemento rector de la política local. Tristemente, la nueva norma va más allá, pues arrebata a los ayuntamientos algunos servicios sociales en favor de las comunidades autónomas. En definitiva, como señala Boix, dicha ley va en la dirección de vaciar competencialmente a las entidades locales.
Frente a este proyecto recentralizador, los nuevos gobiernos de transformación que se han instalado en los ayuntamientos se encuentran ante una tensión evidente: por una parte, las expectativas generadas y la situación de emergencia de muchas familias pueden sobrecargarlos de demandas. Por otra, la voluntad recentralizadora y las trabas del Gobierno central pueden sustraerles los instrumentos necesarios para satisfacer dichas demandas. Frente a la mayor demanda de participación de la sociedad española, el gobierno central vacía competencialmente las instituciones que pueden satisfacerla. Se trata de una tensión que solo podrá resolverse en la gestión cotidiana, y de la que dependerá en gran medida el arraigo que alcancen los nuevos gobiernos en la sociedad española.
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